Cuando una persona tiene un problema civil o mercantil, no basta con tener la razón; hay que saber cómo defenderla legalmente paso a paso. Primero se hace un diagnóstico del caso, para identificar si el asunto es civil o mercantil, qué autoridad es competente, cuál es la cuantía y qué tipo de juicio conviene promover. Después viene la evidencia, porque todo debe sostenerse con documentos, contratos, títulos de crédito, estados de cuenta, mensajes, testigos o periciales, según el caso.
Luego se diseña la estrategia jurídica, valorando si conviene solicitar medidas cautelares como embargo o depósito, qué defensas pueden surgir y cómo distribuir la carga de la prueba para fortalecer la postura del cliente. En la etapa de audiencias, se cuida que la prueba sea útil, legal y convincente, controlando objeciones y contradiciendo lo que presente la contraparte. Si se obtiene una resolución favorable, sigue la ejecución, que consiste en lograr que la sentencia realmente se cumpla, ya sea cobrando, asegurando bienes o usando los medios legales de apremio. Finalmente, también se trabaja en la prevención, corrigiendo contratos, políticas de crédito y riesgos, para evitar que el problema vuelva a repetirse.
Un contrato es, en palabras sencillas, un acuerdo entre dos o más personas para crear derechos y obligaciones. Es decir, sirve para dejar claro qué se va a dar, qué se va a hacer, qué se va a pagar y qué pasa si alguien no cumple. Dependiendo del tipo de negocio o de las personas que intervienen, el contrato puede ser civil o mercantil.
Los contratos civiles son los más comunes en la vida diaria, como el arrendamiento, la compraventa civil, la donación, el mutuo, el mandato o el comodato. En cambio, los contratos mercantiles se usan más en actividades comerciales o empresariales, como la compraventa mercantil, las sociedades, el suministro, la franquicia, el seguro, el transporte, los títulos de crédito y operaciones de banca y finanzas.
Para que un contrato realmente proteja, no basta con firmarlo como sea. Debe tener un objeto y una causa lícitos, cumplir con la forma legal cuando la ley lo exige, prever cláusulas de riesgo, definir cómo se resolverán los conflictos y dejar suficiente evidencia documental de lo pactado. Por eso es importante que el contrato tenga trazabilidad: anexos, actas de entrega, correos, mensajes de aceptación o condiciones claras que después puedan servir como prueba.
La asesoría jurídica en contratos no solo consiste en redactar documentos bonitos, sino en diseñarlos y revisarlos para prevenir problemas y, si llega a haber pleito, litigar con ventaja. Un contrato bien hecho da seguridad, ordena la relación entre las partes y reduce mucho el riesgo de incumplimientos, pérdidas o interpretaciones abusivas.
