Reconocer a una persona como víctima y garantizar efectivamente sus derechos no son conceptos equivalentes. El reconocimiento supone que el orden jurídico identifica a la víctima como titular de determinados derechos; la garantía exige que las autoridades adopten las medidas jurídicas, institucionales y materiales necesarias para que esos derechos puedan ejercerse realmente. Esta distinción es fundamental en el sistema penal acusatorio mexicano, porque un derecho que únicamente aparece escrito en la Constitución o en una ley, pero que no puede ejercerse en una investigación o ante un tribunal, termina convirtiéndose en una declaración meramente formal.

El artículo 1.º de la Constitución mexicana establece una obligación particularmente relevante: todas las autoridades, dentro de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Además, impone al Estado los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Por ello, garantizar no significa solamente abstenerse de vulnerar derechos; implica desplegar acciones concretas para hacer posible su ejercicio.

La víctima como sujeto de derechos

En el proceso penal contemporáneo, la víctima no debe ser considerada únicamente como la persona que proporciona información al Ministerio Público o que comparece como testigo. El Código Nacional de Procedimientos Penales la reconoce como sujeto del procedimiento y parte procesal, conjuntamente con su asesor jurídico. Esto modifica sustancialmente su posición dentro del sistema: la víctima tiene capacidad para intervenir, formular solicitudes, aportar datos o elementos de prueba, controvertir determinadas decisiones y exigir la tutela de sus propios derechos.

La Constitución, en su artículo 20, apartado C, reconoce, entre otros, los derechos de la víctima a recibir asesoría jurídica; conocer el desarrollo del procedimiento; coadyuvar con el Ministerio Público; aportar elementos de prueba; solicitar diligencias; recibir atención médica y psicológica; obtener la reparación del daño; recibir protección; solicitar medidas cautelares y providencias para la restitución de sus derechos, e impugnar determinadas omisiones y decisiones del Ministerio Público.

Aquí aparece precisamente la diferencia entre reconocer y garantizar.

Decirle a una persona: “usted tiene derecho a participar en la investigación” constituye reconocimiento. Permitirle conocer la carpeta en los términos legales, recibir sus datos de prueba, escuchar sus solicitudes de actos de investigación, resolverlas y, cuando se nieguen, explicar de manera fundada y motivada las razones de la negativa, constituye garantía efectiva.

Un derecho no se garantiza solamente informándolo

Imaginemos que una víctima acude ante el Ministerio Público y se le entrega una hoja donde aparecen todos sus derechos. Formalmente, la autoridad podría afirmar que cumplió con informarle. Sin embargo, si después la persona desconoce qué se está investigando, no puede comunicarse con el fiscal, sus solicitudes no son atendidas, no tiene asesoría jurídica, se le impide aportar información o transcurren meses sin actos efectivos de investigación, difícilmente puede sostenerse que sus derechos están siendo garantizados.

El artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales demuestra precisamente esta dimensión práctica. No sólo reconoce derechos abstractos: establece que el Ministerio Público, sus auxiliares y los órganos jurisdiccionales deben facilitar el acceso a la justicia con legalidad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia, perspectiva de género y debida diligencia. También reconoce el derecho a recibir información, contar con asesor jurídico, ser tratado con dignidad, acceder a una justicia pronta, aportar elementos de prueba, intervenir en el procedimiento y solicitar actos de investigación.

Por tanto, garantizar significa convertir el derecho normativo en una posibilidad real de actuación.

Garantizar durante la investigación

Durante una investigación penal, la garantía efectiva comienza desde el primer contacto de la persona con las autoridades. La víctima debe saber qué derechos tiene, comprenderlos y contar con condiciones reales para ejercerlos. Debe poder proporcionar información relevante, aportar documentos, fotografías, testimonios, registros u otros datos; solicitar actos de investigación y recibir una respuesta jurídicamente fundada cuando alguna diligencia sea considerada improcedente.

La debida diligencia tiene aquí una importancia central. La Ley General de Víctimas establece que el Estado debe realizar las actuaciones necesarias dentro de un plazo razonable para alcanzar, entre otros objetivos, la verdad, la justicia y la reparación integral, y además debe remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas previstas por la propia ley.

De esta manera, una investigación no puede calificarse como adecuada simplemente porque existe una carpeta abierta. La existencia material de una carpeta de investigación no equivale a una investigación efectiva. La garantía requiere actividad investigativa pertinente, objetiva, metodológica y razonablemente oportuna, atendiendo a las características concretas del hecho denunciado.

El derecho de la víctima a participar

Garantizar tampoco significa que la autoridad deba aceptar automáticamente cada afirmación o solicitud formulada por la víctima. El Ministerio Público conserva sus atribuciones constitucionales para dirigir la investigación y debe actuar objetivamente. Pero una cosa es que una solicitud sea jurídicamente improcedente y otra muy diferente que simplemente sea ignorada.

La Constitución establece expresamente que cuando el Ministerio Público considere innecesario el desahogo de una diligencia solicitada por la víctima deberá fundar y motivar su negativa. También reconoce a la víctima la posibilidad de impugnar judicialmente omisiones en la investigación y determinadas decisiones ministeriales.

Esto resulta trascendental: la víctima no depende exclusivamente de la voluntad del investigador. El sistema establece mecanismos de control precisamente porque garantizar derechos implica también proporcionar remedios efectivos frente a las omisiones de la autoridad.

Derecho a conocer y derecho a ser escuchada

Una víctima necesita conocer qué está ocurriendo para poder participar responsablemente. Por eso el Código reconoce su derecho a ser informada sobre el desarrollo del procedimiento, acceder a los registros de investigación en los términos legalmente procedentes y obtener copias gratuitas, salvo las excepciones legales correspondientes. También puede intervenir directamente o por conducto de su asesor jurídico.

No basta, entonces, con permitir que la víctima “esté presente”. Su participación debe ser informada, jurídicamente asistida y efectiva.

Una víctima que desconoce las decisiones adoptadas, las diligencias realizadas, los actos pendientes o los mecanismos existentes para controvertir una determinación difícilmente puede ejercer plenamente sus derechos.

Garantizar también significa proteger

La participación dentro del procedimiento puede generar riesgos. Por ello, garantizar los derechos de una víctima comprende también proteger su vida, integridad, seguridad, intimidad y, cuando corresponda, su identidad.

El artículo 20 constitucional impone al Ministerio Público el deber de garantizar la protección de víctimas, personas ofendidas y testigos, mientras que los órganos jurisdiccionales deben vigilar el cumplimiento de esa obligación. Asimismo, la víctima puede solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para su protección y para la restitución de sus derechos.

La Ley General de Víctimas desarrolla además el principio de máxima protección, conforme al cual las autoridades deben adoptar las medidas más amplias posibles para proteger la dignidad, libertad, seguridad, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

Evitar que el propio sistema vuelva a causar daño

Una verdadera garantía de derechos también exige impedir la victimización secundaria.

Puede existir victimización secundaria cuando una persona que ya sufrió las consecuencias de un delito enfrenta posteriormente obstáculos, indiferencia, estigmatización, repetición innecesaria de entrevistas, exposición injustificada de información, procedimientos innecesariamente complejos o actuaciones institucionales que aumentan su sufrimiento.

La Ley General de Víctimas prohíbe que se impongan mecanismos o procedimientos que agraven la condición de la víctima, obstaculicen el ejercicio de sus derechos o la expongan a sufrir un nuevo daño como consecuencia de la actuación de personas servidoras públicas.

Por eso, una autoridad puede cumplir una formalidad procesal y, al mismo tiempo, incumplir materialmente su obligación de garantizar derechos.

Garantizar el derecho a la verdad

La víctima también tiene interés legítimo en conocer qué ocurrió. La Ley General de Víctimas reconoce el derecho a una investigación pronta y eficaz, a conocer la verdad y a acceder a mecanismos de justicia; además, exige que la investigación se realice con debida diligencia y permita la participación de la víctima.

Esto obliga a comprender que el objetivo de la investigación no puede reducirse únicamente a obtener una sentencia. También debe buscar el esclarecimiento razonable de los hechos, identificar responsabilidades cuando jurídicamente proceda y proporcionar respuestas institucionales a quienes resultaron afectados.

Garantizar el derecho a la reparación

El derecho de las víctimas tampoco termina con la determinación de responsabilidad penal.

La Constitución reconoce expresamente el derecho a la reparación del daño y establece que, cuando proceda, el Ministerio Público deberá solicitarla, sin impedir que la propia víctima pueda hacerlo directamente.

La Ley General de Víctimas adopta una concepción más amplia de reparación integral, que comprende restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, atendiendo a la gravedad y características del hecho victimizante.

Por ello, garantizar la reparación no consiste simplemente en escribir una cantidad económica dentro de una sentencia. Implica procurar que las consecuencias del delito sean atendidas de manera efectiva y proporcional al daño producido.

La diferencia esencial

Podemos resumir la distinción de la siguiente manera:

Reconocer un derecho significa que el orden jurídico declara que la víctima es titular de él.

Respetarlo significa que la autoridad no debe obstaculizar arbitrariamente su ejercicio.

Protegerlo significa adoptar medidas frente a riesgos o acciones que puedan lesionarlo.

Garantizarlo significa crear las condiciones jurídicas, institucionales y materiales necesarias para que pueda ejercerse efectivamente y proporcionar mecanismos para reaccionar cuando sea desconocido o vulnerado.

Por eso, una víctima cuyos derechos solamente aparecen escritos en una carpeta tiene derechos formalmente reconocidos; una víctima que es informada, escuchada, asistida, protegida, puede participar, aportar información, solicitar investigación, controvertir omisiones y obtener acceso efectivo a la justicia y a la reparación tiene derechos efectivamente garantizados. Esta concepción se corresponde con la obligación constitucional general de garantía y con la Ley General de Víctimas, cuyo objeto expreso es no sólo reconocer los derechos, sino establecer acciones y mecanismos que permitan su ejercicio efectivo.

Reflexión

La calidad de un sistema de justicia no debe medirse únicamente por la cantidad de derechos que reconoce en sus leyes, sino por la capacidad real de sus instituciones para hacerlos efectivos.

Garantizar los derechos de una víctima significa reconocerla como persona titular de derechos y participante del sistema de justicia, no como un simple instrumento de investigación. Significa escucharla sin sustituirla, protegerla sin excluirla, permitir su participación sin comprometer los derechos de la persona imputada, investigar con debida diligencia y ofrecer mecanismos efectivos de verdad, justicia y reparación.

La tutela de los derechos de las víctimas y el respeto al debido proceso del imputado no son principios jurídicamente incompatibles. Ambos constituyen presupuestos de legitimidad del proceso penal. Un auténtico Estado constitucional de derecho exige que la investigación y el proceso se desarrollen respetando las garantías de todas las personas que intervienen, pero haciendo realidad aquello que la Constitución promete: acceso efectivo a la justicia y protección de la dignidad humana.

Más allá de una indemnización económica

Cuando una persona es víctima de un delito o de una violación a sus derechos humanos, el daño sufrido no necesariamente puede expresarse en dinero. Una agresión puede afectar simultáneamente su integridad física, salud emocional, patrimonio, relaciones familiares, empleo, educación, seguridad, reputación, libertad y proyecto de vida. Por esa razón, el concepto contemporáneo de reparación integral del daño supera la idea tradicional de que reparar consiste solamente en pagar una cantidad económica.

En México, el derecho a la reparación tiene fundamento constitucional. El artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución reconoce expresamente a la víctima u ofendido el derecho a que se le repare el daño y obliga al Ministerio Público, cuando sea procedente, a solicitar dicha reparación; además, si existe sentencia condenatoria, el órgano jurisdiccional no puede absolver al sentenciado de la reparación correspondiente. El propio artículo 20 establece entre los fines del proceso penal que los daños causados por el delito sean reparados.

Sin embargo, reparar el daño no equivale necesariamente a pagar dinero. La Ley General de Víctimas desarrolla una concepción mucho más amplia: las víctimas tienen derecho a una reparación oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, que comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.

¿Por qué hablamos de un derecho humano?

La reparación integral se relaciona directamente con la dignidad de la persona. Cuando existe una violación de derechos, el orden jurídico no puede conformarse simplemente con declarar que ocurrió una conducta ilícita. Debe procurar atender las consecuencias que esa conducta produjo sobre la vida concreta de la víctima.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido a la reparación integral del daño o justa indemnización como un derecho fundamental, vinculado con el sistema constitucional de protección de los derechos humanos. Asimismo, la jurisprudencia reciente en materia penal ha señalado que la reparación debe ser, entre otras características, oportuna, plena, integral, efectiva, justa y proporcional.

Desde la perspectiva interamericana ocurre algo semejante. La doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado distintas modalidades de reparación, entre ellas la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Esto permite comprender que frente a una violación de derechos humanos la respuesta jurídica debe analizar qué perdió la persona, qué consecuencias continúa padeciendo y qué medidas pueden ayudar realmente a restablecer sus derechos y su dignidad.

¿Qué significa que una reparación sea “integral”?

La palabra integral es determinante. Significa que la autoridad debe observar el daño en todas sus dimensiones y no aislar únicamente aquella parte que puede convertirse en una cantidad económica.

Imaginemos, por ejemplo, que como consecuencia de un delito una persona resulta lesionada, pierde temporalmente su empleo, necesita tratamiento psicológico, interrumpe sus estudios y además desarrolla temor para regresar al lugar donde ocurrieron los hechos. Una cantidad de dinero puede contribuir a reparar determinados perjuicios, pero difícilmente solucionará por sí misma todas esas consecuencias.

Una reparación verdaderamente integral deberá preguntarse, entre otras cosas:

• ¿Es posible restituir el derecho afectado?

• ¿Necesita la víctima atención médica o psicológica?

• ¿Existen pérdidas patrimoniales?

• ¿Hubo afectaciones laborales o educativas?

• ¿Fue dañada su reputación o dignidad?

• ¿Necesita conocer la verdad sobre lo ocurrido?

• ¿Debe existir reconocimiento de responsabilidad?

• ¿Es necesario modificar prácticas institucionales para que el hecho no vuelva a ocurrir?

La respuesta a estas preguntas determina las medidas que pueden integrar la reparación.

1. Restitución: recuperar lo que jurídicamente pueda recuperarse

La restitución busca colocar a la víctima, hasta donde resulte posible, en la situación existente antes del delito o de la violación de derechos humanos. La Ley General de Víctimas contempla, según corresponda, el restablecimiento de derechos jurídicos, identidad, unidad familiar, ciudadanía y derechos políticos; el regreso digno y seguro al lugar de residencia; la reintegración laboral y la devolución de bienes o valores, entre otras posibilidades.

La restitución responde a una pregunta fundamental:

¿Qué derecho fue privado o alterado y puede ser restablecido?

Por ejemplo, si una persona fue despojada ilegítimamente de determinados bienes y éstos pueden ser recuperados, la reparación no debería limitarse necesariamente a entregar una suma económica si jurídicamente resulta posible devolver aquello de lo que fue privada.

La restitución representa, por ello, una de las aproximaciones más directas al restablecimiento del derecho.

2. Rehabilitación: atender las consecuencias que permanecen

Existen daños cuyas consecuencias continúan mucho después de sucedido el hecho. Una víctima puede necesitar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, servicios jurídicos, apoyo social, capacitación educativa o laboral.

Por ello, la rehabilitación está dirigida a ayudar a la persona a enfrentar y superar, en la medida posible, las consecuencias producidas por el delito o la violación de derechos humanos.

El artículo 62 de la Ley General de Víctimas incluye atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada; asesoría jurídica; servicios sociales; programas educativos; capacitación laboral y otras medidas encaminadas a la reintegración de la víctima a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida.

Esto permite observar una cuestión particularmente importante:

pagar una indemnización y abandonar posteriormente a una persona que necesita años de atención médica o psicológica difícilmente podría considerarse, por sí solo, una reparación integral.

3. Compensación: el dinero sí importa, pero no lo es todo

La compensación económica constituye una parte importante de la reparación. El error consiste en confundir la parte con el todo.

Existen consecuencias que pueden valorarse económicamente: gastos médicos, pérdida de ingresos, daños materiales, tratamientos, traslados, oportunidades perdidas y otros perjuicios.

La Ley General de Víctimas dispone que la compensación debe guardar relación con la gravedad del hecho y las circunstancias particulares del caso. También contempla perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, incluyendo daño físico, daño moral, lucro cesante, pérdida de oportunidades educativas o sociales, daños patrimoniales, determinados gastos jurídicos y tratamientos necesarios para la recuperación física y psicológica.

Por tanto, la indemnización económica es indispensable cuando existe un daño susceptible de valoración monetaria, pero no puede automáticamente sustituir las demás medidas necesarias para reparar las otras dimensiones del daño.

De hecho, la propia Ley General de Víctimas establece que las medidas de asistencia y atención no sustituyen la reparación integral ni deben descontarse automáticamente de la compensación correspondiente.

4. Satisfacción: recuperar dignidad, verdad y reconocimiento

Algunos daños no desaparecen con dinero.

Una persona puede haber sido falsamente acusada, humillada públicamente, estigmatizada, sometida a abuso institucional o haber pasado años buscando conocer qué ocurrió con un familiar.

En esas circunstancias adquieren importancia las medidas de satisfacción.

La Ley General de Víctimas establece que la satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. Entre las medidas contempladas se encuentra la verificación de los hechos y la revelación pública de la verdad bajo condiciones que no provoquen nuevos daños ni comprometan la seguridad de las personas involucradas.

La legislación también contempla, dentro del marco de reparación integral, declaraciones destinadas a restablecer la dignidad y reputación de la víctima y, en determinados supuestos donde intervengan servidores públicos o agentes de autoridad, la disculpa pública y el reconocimiento de responsabilidad.

Aquí aparece una dimensión esencial de la reparación:

la víctima no solamente puede necesitar recuperar patrimonio; también puede necesitar recuperar dignidad, reputación y reconocimiento social.

5. Garantías de no repetición: evitar que vuelva a suceder

Probablemente esta sea una de las dimensiones más importantes de la reparación integral.

Una persona puede recibir tratamiento, recuperar determinado bien e incluso obtener una compensación; pero si permanece intacta la condición institucional que permitió la violación, existe el riesgo de que ella u otras personas vuelvan a sufrirla.

Las medidas de no repetición buscan precisamente evitar que las víctimas vuelvan a experimentar violaciones a sus derechos y contribuir a prevenir hechos semejantes. Así lo establece expresamente el artículo 74 de la Ley General de Víctimas.

Dependiendo de la naturaleza del caso, esta dimensión puede requerir cambios institucionales, capacitación, mecanismos de supervisión, modificación de prácticas, fortalecimiento de protocolos, medidas preventivas u otras acciones idóneas.

La reparación adquiere aquí una función transformadora: no sólo mira hacia el pasado para compensar lo sucedido, sino también hacia el futuro para evitar que vuelva a ocurrir.

Reparar no significa borrar lo ocurrido

Hay daños que materialmente no pueden revertirse.

La pérdida de una vida, una desaparición, determinadas lesiones permanentes o ciertas afectaciones psicológicas no pueden ser eliminadas mediante una resolución judicial. En esos casos, hablar de reparación no significa sostener artificialmente que la víctima puede regresar exactamente al momento anterior.

Significa que el Estado y el sistema jurídico deben adoptar todas las medidas razonablemente adecuadas para atender las consecuencias producidas, reconocer el daño, restituir aquello que sea posible, rehabilitar, compensar, restablecer dignidad y prevenir nuevas violaciones. Este enfoque multidimensional es precisamente el que estructura la Ley General de Víctimas y el desarrollo interamericano de las reparaciones.

La reparación debe atender a la persona concre

Otro aspecto fundamental es que la reparación no puede diseñarse mecánicamente.

Dos personas que sean víctimas del mismo tipo de delito pueden experimentar consecuencias completamente diferentes. La edad, género, condiciones de salud, discapacidad, situación económica, responsabilidades familiares, pertenencia a determinados grupos, contexto social y naturaleza específica del daño pueden modificar profundamente sus necesidades.

Por ello, la Ley General de Víctimas exige que la reparación sea diferenciada, además de oportuna, plena, transformadora, integral y efectiva. La propia legislación ordena considerar las características y necesidades especiales de las víctimas, particularmente cuando se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Esto significa que la reparación debe construirse desde el daño realmente sufrido y no desde una fórmula automática.

Un ejemplo

Supongamos que una mujer es víctima de un delito violento y, como consecuencia:

pierde temporalmente su empleo, necesita atención psicológica, desarrolla gastos médicos, cambia de domicilio por razones de seguridad y ve afectadas sus relaciones familiares.

Una reparación reducida exclusivamente a:

“páguense $50,000 pesos”

podría atender parcialmente una consecuencia patrimonial, pero dejar sin respuesta los restantes efectos.

Desde una perspectiva integral podrían requerirse, dependiendo de las circunstancias y del fundamento jurídico aplicable:

Restitución: restablecimiento de determinados derechos o condiciones jurídicas afectadas.

Rehabilitación: tratamiento médico y psicológico.

Compensación: reparación de pérdidas económicas y demás daños susceptibles de valoración.

Satisfacción: medidas destinadas a reconocer la afectación sufrida y restablecer su dignidad.

No repetición: acciones de protección o institucionales que disminuyan el riesgo de que hechos semejantes vuelvan a ocurrir.

Esta última estructura reproduce las categorías fundamentales previstas en los artículos 26 y 27 de la Ley General de Víctimas.

La reparación también se relaciona con el proyecto de vida

Una de las consecuencias más profundas de ciertos hechos victimizantes consiste en alterar aquello que una persona razonablemente había proyectado para su vida.

Un estudiante puede abandonar sus estudios. Una persona puede perder su profesión. Una familia puede verse obligada a desplazarse. Una víctima puede quedar imposibilitada para realizar determinadas actividades que daban sentido a su vida cotidiana.

La Ley General de Víctimas reconoce esta dimensión al incorporar, dentro de la rehabilitación, programas educativos y laborales encaminados a favorecer la reintegración social y la realización del proyecto de vida de la víctima.

La reparación integral, por tanto, no debe preguntarse únicamente:

“¿Cuánto dinero perdió?”

También debe preguntarse:

“¿Cómo cambió su vida a consecuencia de lo ocurrido y qué puede hacerse jurídicamente para atender esas consecuencias?”

Reparación integral y acceso a la justicia

Una sentencia condenatoria que reconoce el derecho a la reparación constituye un paso fundamental, pero la protección efectiva exige también que esa reparación pueda ejecutarse.

Por esa razón, el artículo 20 constitucional no solamente reconoce el derecho de la víctima a la reparación; también dispone que la ley debe establecer procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias relativas a esta materia.

La diferencia es trascendente.

Una reparación declarada pero nunca cumplida continúa dejando insatisfecho el derecho de la víctima.

La efectividad forma parte de la esencia misma del concepto de reparación integral.

Una precisión jurídica importante

Debe distinguirse entre la reparación derivada de un delito y la reparación correspondiente a una violación de derechos humanos atribuible al Estado. Aunque ambas comparten principios y pueden utilizar categorías semejantes, las autoridades responsables, procedimientos, fuentes normativas y mecanismos de cumplimiento pueden ser diferentes.

Por eso, en un caso concreto no basta afirmar genéricamente que existe “derecho a la reparación integral”. Es necesario identificar qué hecho produjo el daño, quién jurídicamente debe repararlo, cuáles consecuencias están acreditadas y qué medidas resultan adecuadas conforme al régimen jurídico aplicable. La Constitución, la Ley General de Víctimas y la jurisprudencia proporcionan el marco, pero la reparación debe individualizarse en cada asunto.

Reflexión

La reparación integral del daño parte de una idea profundamente humana:

la justicia no puede limitarse a determinar quién fue responsable; también debe mirar a la persona que sufrió las consecuencias

Reparar implica intentar restituir derechos, rehabilitar a la víctima, compensar los daños, reconocer su dignidad y adoptar medidas para evitar que la violación vuelva a ocurrir.

Por eso, reducir la reparación a una cantidad económica significa observar únicamente una dimensión del problema. El dinero puede compensar determinadas pérdidas, pero no devuelve por sí mismo la salud, la tranquilidad, la reputación, la seguridad, las oportunidades perdidas o el proyecto de vida.

Una reparación es verdaderamente integral cuando responde al daño en todas sus dimensiones y coloca en el centro a la persona, su dignidad y sus derechos.

Ese es el tránsito que debe realizar un sistema de justicia comprometido con los derechos humanos: pasar de indemnizar consecuencias económicas a reparar, en la mayor medida jurídicamente posible, las consecuencias reales que el delito o la violación produjo en la vida de la víctima.